Tal como adelantó La Tecla, en varias localidades de la provincia hubo
presentaciones de nóminas con avales falsificados, y la interna, lejos
de resolverse puertas adentro, se dirimirá en la Justicia. Arden los
boina blanca.
rio provincial, distintas irregularidades observadas en ciudades del in
terior llevaron a dirimir la disputa intrapartidaria en otra cancha: la Jus
ticia Penal.
Si bien los comicios fueron confirmados por la Junta Electoral bonae
rense, los casos específicos de General Villegas y Bragado ponen en
jaque la legitimidad de los sufragios venideros, debido a que, al me
nos una de las dos listas que compiten, fue presentada bajo avales cu
yas firmas habrían sido falsificadas; e incluso (como en el caso ville
guense) con rúbrica de gente que murió hace más de dos años.
Pero además de estos puntos neurálgicos donde la disputa se des
bordó hasta llegar a esa instancia, distritos como Nueve de Julio, La
Matanza, Merlo, Almirante Brown, Saavedra, General Pueyrredón y
Tres de Febrero ya hicieron presentaciones en el Juzgado Electoral
bonaerense, a cargo de la jueza María Romilda Servini.
Las rencillas en las trincheras distritales dejó heridos y suspicacias
varias.
Si la fumata blanca que eligió a Daniel Salvador como “la figura del
consenso radical” fue el argumento macro para ordenar las líneas
internas, las desprolijidades en las presentaciones de las listas fue
ron el detonante de una nueva crisis en el radicalismo.
Un común denominador entre las irregularidades de avales puso en
vela al arco boina blanca que predica la retórica alfonsinista. Desde
esa línea advirtieron que dichas inconsistencias se vieron refleja
das en nóminas opositoras que, en la mayoría de los distritos, fue
ron apañadas por intendentes que responden al PRO.
En General Villegas, la cabeza de una lista es Gustavo Santillán, se
cretario de Seguridad del jefe comunal, Eduardo Campana. Esta pa
peleta se habría presentado con respaldos apócrifos, según denun
ció en la Justicia Penal el otro competidor, el concejal Diego Telle
chea.
En Bragado, la tira que encabeza Orlando Costa tiene la venia políti
ca del intendente, Vicente Gatica, y fue denunciada por la actual titu
lar del comité UCR, Celina Sburlatti, también por los avales.
Por fuera de los ámbitos locales, el conflicto en las ciudades del in
terior expuso a la conducción bonaerense del partido. Es que la
Junta Electoral radical, que funciona a modo de primera instancia,
fue la que dio luz verde a las listas con falsificación de firmas y ava
les de gente muerta que venían desde el interior.
En ese ámbito, de las tres líneas que ostentan representación (Ma
ximiliano Abad, Daniel Salvador y Ricardo Alfonsín), la única que no
tiene presencia es la del diputado nacional por la Provincia. Según
pudo saber La Tecla, de los cinco miembros que conforman la Junta
Elec-toral bonaerense, tres responden a Salvador y dos a Abad, ya
que el único alfil del que disponía el alfonsinismo, Carlos “Calera”
Sánchez, viró para el lado del funcionario provincial.
Lo paradójico del asunto es que las denuncias penales en Bragado
y General Villegas no fueron las responsables de exponer en su ac
tuación a la Junta partidaria, sino un caso que vino desde el Conur
bano bonaerense.
La línea de Marcelo Locatti, en Tres de Febrero presentó un Pronto
Despacho para que la Junta Electoral cumpla con la obligación de
elevar su reclamo a la Justicia Federal, tras observar irregularidades
en los avales de la lista contra la que compite. ¿En qué consistían di
chas inconsistencias? En que entre las garan-tías que reunió la nó
mina que lleva como candidato a presidente al dirigente local Héctor
Collia se encontraba la firma de la esposa de su competidor, el pro
pio Locatti, actual presidente del comité radical.
Fuentes partidarias no balbucearon al afirmar a La Tecla que “la Junta
Electoral se ha transformado en una junta política. Hay material para
hacer dulce de leche con las irregularidades”.
Ante este panorama, la única verdad latente es que los resultados que
arrojen las elecciones pueden ser un mero dato de color, ya que si la
jueza Servini así lo considerara, podría suspender las elecciones en
todas las ciudades, o simplemente dar de baja aquellas donde hay
conflictos. Respecto de las denuncias penales que se conocieron la
semana pasada, si bien el camino es más lento, puede inhabilitar a las
cabezas de listas para ejercer cargos públicos. n
No hay comentarios:
Publicar un comentario