Una vez más la inseguridad jaquea a la sociedad, y el control del Estado parece estar ausente. A pesar del esfuerzo del Gobernador por centrar su lucha contra la delincuencia, los resultados parecen esquivarlo, no por falta de trabajo, sino por ineficiencia de los mandos policiales
Una vez más la inseguridad jaquea a la sociedad, y el control del Estado parece estar ausente. A pesar del esfuerzo del Gobernador por centrar su lucha contra la delincuencia, los resultados parecen esquivarlo, no por falta de trabajo, sino por ineficiencia de los mandos policiales.
Los bonaerenses no palpitan la inseguridad como una sensación, sino como una realidad, donde la fuerza policial, la más grande del país, ve su inactividad como una manera de supervivencia humanitaria.
Los episodios de violencia vienen en aumento, y se produjeron 24 muertes en dos meses por robos en la Provincia. Los casos se suceden sin avizorarse un fin. Muchos de los actores políticos se preguntan dónde está el problema, y en los hechos no encuentran una respuesta.
Ricardo Casal es unos de los ministros de Seguridad que mejor se han plantado ante las cámaras de televisión, tiene un perfil que le gusta al Gobernador, enfrenta con firmeza a los periodistas y muestra una solidez en sus dichos que sus antecesores no habían tenido; pero promete soluciones que en los hechos nunca se cumplen.
Las órdenes de Scioli generalmente son claras, y llegan directas al ministro, y desde el despacho ministerial se transmiten a la cúpula policial, pero ahí quedan sólo en eso, en simples órdenes; nunca llegan a la tropa, o cuando llegan, lo hacen distorsionadas.
El grueso del personal policial tiene miedo de cumplir con su deber, por una lógica consecuencia; si intervienen en un hecho delictivo y en su accionar golpean o lastiman a un delincuente, la reacción de la cúpula policial es siempre la misma: suspenden al policía y dejan libre al delincuente, previo a un pedido de disculpas y entrega de diploma al delincuente por su buen comportamiento.
El caso Candela tiene en jaque a toda la cúpula policial. En la investigación de la comisión del Senado surgen distintas irregularidades, desde testigos de identidad reservada falsos, pruebas plantadas y campañas mediáticas irreales hasta todo tipo de actividad policial tendiente a desviar la mirada social sobre el hecho.
En todos los despachos de los organismos de inteligencia, donde se investigan los hechos delictivos provinciales, dicen con claridad “…no tenemos órdenes de actuar o, cuando las tenemos, no nos dan los recursos. Además, si actuamos corremos el riesgo de perder el trabajo, y si nos suspenden, quién les da de comer a nuestras familias. ‘Cabeza de nube’ (nombre de guerra con el que identifican al jefe de Policía, Hugo Matzkin) mira para otro lado y nos deja solos; más no podemos hacer….”.
La sociedad, una vez más, dijo basta; los hechos de inseguridad de las últimas horas pueden ser un detonante; la gente se pregunta hasta cuándo. El ministro Ricardo Casal no sólo tiene que lidiar con la inseguridad, sino también con las operaciones políticas, que la semana pasada lo daban fuera del cargo; y a ello se suman los ataques permanentes del Gobierno nacional.
En Gobernación todos saben que se necesita un cambio de figuras en Seguridad, que la situación es una bomba de tiempo y que puede estallarles en las manos en cualquier momento. De hecho, tienen un organigrama nuevo dividiendo los ministerios de Seguridad y Justicia. Casilleros que ya tendrían nombre.
Lo cierto es que los cambios no se realizan porque no tienen un lugar para poner a Casal. Mandar al ministro a su casa no es una opción que maneje el Gobernador, no quiere dar la imagen de que cede ante el Gobierno central.
La situación es complicada, y, como dicen los analistas del problema policial, sin órdenes claras y recursos no hay plan de seguridad que se pueda aplicar. Los planes del ministro son buenos, y los plantea con tanto entusiasmo que en Gobernación le creen, pero en los hechos nunca se pueden aplicar, porque los mismos no llegan a la tropa.
Los policías, entre cuidar su vida, mantener a sus familias o luchar contra la delincuencia y arriesgarse a perderlo todo, dicen “…la opción se termina convirtiendo en una no opción, elegimos nuestra vida y la de nuestras familias…”.
Tal vez sea hora de dejar trabajar a la policía, y si existe corrupción en la fuerza, castigar a los que realmente se lo merecen, pero no poner a todos en la misma bolsa; hay policías que aman su trabajo, tienen vocación policial y creen en una sociedad más justa. Los derechos humanos no sólo son de los detenidos, también deben ser de los ciudadanos comunes que todos los días construyen con su trabajo esta gran provincia.
Será hora de que dejemos a cada funcionario policial hacer lo que sabe, y que los ciudadanos comunes vivamos con un poco más de dignidad.
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