Desde 2004, se están construyendo 500 viviendas por el Plan Dignidad. Pese a contar con 51 millones de pesos para ejecutarlas, el municipio de Gustavo Pulti destinará 12 millones más a una ONG para la edificación de 84 casas. Negociado millonario, denuncias penales y sospechas de amiguismos en una historia de fantasmas
Al igual que un fantasma, un nuevo negociado millonario sobrevuela en Mar del Plata. En una época en donde la reducción de los subsidios está a flor de piel, la Comuna de Pulti parece hacer oídos sordos a esta nueva modalidad.
Es que el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad balnearia aprobó por mayoría una entrega de 12.000.000 pesos a la Asociación Civil Trabajar que se encuentra bajo la conducción de los hermanos César y Jorge Trujillo, ambos dirigentes de la seccional de la UOCRA en Mar del Plata.
El fin de esta partida era la culminación del Programa Plan Dignidad, orientado al desarrollo de unidades habitacionales en asentamientos críticos con el fin de eliminar las viviendas insalubres.
Este nuevo monto se suma a las entregas ya realizadas de $ 19 millones, por parte del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires durante 2004 y de otros $ 32 millones, que posteriormente destinó la secretaría de Vivienda y Urbanismo de la Nación. En total, la cifra asciende a unos $ 63.000.000 para la construcción de 500 casas.
Hasta aquí, todo parece transcurrir por la senda de la transparencia: un monto de dinero entregado para la construcción de viviendas. Sin embargo, toda esta operatoria que arrastra más de ocho años tiene un marco de grandes irregularidades que involucran a la Asociación Civil Trabajar, al Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Felipe Solá y al municipio de Mar del Plata.
En primer lugar, a la ONG, por ser la encomendada de realizar el proyecto, porque nunca justificó la utilización de las partidas y nunca terminó las obras, pese a que transcurrieron 8 años de la primera entrega; al Instituto de la Vivienda -en ese momento a cargo del Arq. Eduardo Suriani-, por ser el encargado de destinar los fondos a la Asociación Civil Trabajar y por no realizar las inspecciones correspondientes y a la municipalidad por ser la entidad que prestaba el apoyo logístico, técnico y organizativo.
El abogado Andrés Barbieri inició una causa penal en la que denuncia estas irregularidades y el manejo desmedido de los fondos. Según el expediente 2.416/12.734/03, estos hechos “sólo han servido para dejar en el bolsillo de algunos de sus integrantes un presupuesto de $ 19.701.442, que se fue incrementado en la suma de $ 32.406.862 argumentando mayores costos”.
En relación con el subsidio destinado a la ONG, el tesorero de la Comisión Mixta para el Traslado de la Villa de Paso, José Luis Rey, dijo a Desafío Económico que “es incomprensible, ya que no hubo un llamado a licitación, sabiendo que esta ONG tiene una causa penal en Miramar por el incumplimiento de un plan habitacional”.
Por su parte, el abogado Barbieri, quien integró en sus inicios la Asociación Civil Trabajar, manifestó que “la operatoria realizada entre el Instituto de la Vivienda y la ONG Trabajar es similar a la causa Schoklender”.
Desafío tuvo acceso a la denuncia penal, en la que se puede observar que en los “hechos”, el artículo 3 de la resolución 2.260 expresa claramente que el dinero para las obras era aportado por el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires confiriéndole a la Asociación Civil Trabajar la suma de $ 19.701.442 para la realización de las viviendas estipuladas.
De esta manera, la ONG vinculada a los Trujillo se comprometía a la ejecución estricta y fiel del proyecto, como así también a rendir e informar a la autoridad de aplicación sobre el avance y término de cada una de las etapas previstas en el plan de trabajos y a recibir inspecciones, exhibir lugares y proporcionar la más amplia colaboración para el seguimiento de su desarrollo.
En la denuncia penal, Barbieri expresa que las autoridades del Instituto de la Vivienda jamás controlaron la ejecución de las obras, como tampoco la efectiva aplicación de los fondos fijados al proyecto y, además, con total desaprensión se autorizó una partida superior a la originalmente presupuestada, habiéndole girado a la ONG fondos públicos que ascienden a la suma de $ 32.406.862.
Acorde al expediente, los últimos fondos entregados a la Asociación Civil Trabajar fueron consignados por parte de la subsecretaría de Vivienda y Urbanismo de la Nación -a cargo, desde 2004, del Arq. Luis Alberto Bontempo con el fin de sustentar la continuidad del Plan Dignidad. Según explica Barbieri, la nueva partida presupuestaria fue fijada sin que las autoridades de la Provincia hayan tenido noción, ni conocimiento respecto de los avances del proyecto y de las inversiones previstas que se habían formalizado conforme a lo establecido en el convenio.
Las responsabilidades en este negociado son compartidas. Ya se aludió al compromiso no asumido por Provincia y por el municipio en cuanto a la fiscalización de las obras. Pero es necesario remarcar que desde Nación tampoco se evaluaron los trabajos para la construcción de viviendas. Teniendo en cuenta la suma de más de 32 millones derivados desde Nación para este plan, resulta sorpresivo que no se hayan controlado las obras. Hernán Alcolea, presidente de la Comisión Mixta para el Traslado de la Villa de Paso, en diálogo con Desafío dijo que los empleados “realizaron la fiscalización, recibieron una golpiza por los mismos que regentean la ONG Trabajar, generando el temor que para una próxima inspección se tome conciencia de si conviene acercarse”.
A pesar de todo el dinero destinado, la ONG Trabajar sigue sin concluir el proyecto iniciado en 2004, que en un principio contaba con la ejecución de 500 viviendas. Pero, por las dudas de que aquella partida no alcance, el Instituto de la Vivienda entregará 12 millones más para la construcción de 84 casas que se encuentran entre las 500 iniciales.
En relación al estado de las viviendas, Hernán Alcolea comentó que aproximadamente fueron entregadas 350 casas y que hay entre 50 y 60 en estado avanzado. En cuanto a las 84 casas por las que se entregó el subsidio millonario, algunas están sólo con sus cimientos y otras no han empezado a levantarse.
Por su parte, desde Vivienda dijeron a Desafío que “la última etapa que se encuentra en ejecución se trata de 84 casas por las que se destinarán 12 millones de pesos con la misma modalidad de pago que se ha estado realizando en las etapas anteriores, esto es según avance de obra”.
¿ONG fantasma?
Esta historia de fantasmas es de nunca acabar y se abre otro capítulo interesante que tiene como protagonista exclusiva a la Asociación Civil Trabajar. El abogado Barbieri le contó a Desafío que “la entidad nunca presentó un balance, un informe de gestión y jamás se reinscribió en la dirección de Personas jurídicas”. Es decir que no tiene un asentamiento jurídico válido, que no existe como tal.
Así, nadie quiere “figurar” dentro de una ONG que se encuentra bajo la lupa por haber cometido varios hechos fraudulentos, entre ellos, estafa a la administración pública, falsificación de instrumento público y uso de documento público adulterado, por la construcción de un complejo habitacional en Miramar.
Pero este manto de sospechas no finaliza acá. La relación de los hermanos Trujillo con la política data de muchos años atrás. Consultado por Desafío, Alcolea aporta un dato significativo: “Para el inicio de obras, el entonces gobernador, Felipe Solá, apareció con un cheque que le dio a uno de los hermanos Trujillo en mano para que se iniciaran las obras”. Además, agregó que si tiene que acusar a alguien “como todo esto es fantasma, cómo hago para acusar a un fantasma, a dónde tengo que reclamar”.
Desafío se comunicó con la UOCRA seccional Mar del Plata para dialogar con César Trujillo, pero según informaron desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, el dirigente se tomó unos días y resultaría imposible encontrarlo.
Hay que recordar que Jorge Trujillo se encuentra procesado en la causa que lleva a cabo el Juzgado de Garantías nº 2 del Departamento Judicial Mar del Plata por los delitos de administración fraudulenta, fraude a la administración pública, falsificación de instrumento público y utilización de documento público adulterado.
Además, si de fantasmas se trata, se intentó rastrear algún dato de la Asociación Civil Trabajar, pero ésta no posee una web oficial ni un domicilio postal, lo que hizo imposible localizarla para acordar un contacto. Lo único que posee es una página en la red social Facebook, sin actualizar y sin información de contacto.
Una familia de fantasmas
Como toda familia, siempre hay uno que se destaca por encima del resto y en esta ocasión aparece un nuevo nombre que, misteriosamente, se encarga de cobrar la gran mayoría de las partidas destinadas por el Instituto de la Vivienda de la Provincia: Pablo Roda.
Como se observa en el expediente elaborado por Barbieri, esta persona cobró directamente del $ 23.626.136,49, lo que demostraría que todos los pagos fueron realizados de manera ilegal. Sobre este tema, la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires, en el expediente señala que “analizado el presente se observa la falta de cumplimiento a las normas que exigen la intervención previa de este organismo y de los organismos legales, circunstancia que hace que la decisión adoptada quede bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que suscribe el convenio”.
Algunos de los cobros que recibió Roda fueron: en julio de 2004, $ 226.880, un mes y medio más tarde, la cifra ascendió a $ 1.609.686.36; en marzo del año siguiente le otorgaron $ 552.896 y luego de transcurridos dos meses, Roda recibió $ 291.772. En marzo de 2006, cobró $ 732.634; $ 511.422 en abril; $ 1.184.307 en mayo, y en julio $ 1.098.915.
Estos cobros son algunos de los que Roda realizó. El interrogante que surge es ¿dónde quedó el dinero, si el complejo habitacional todavía no está terminado?
Los adelantos de 19 millones por el Instituto de la Vivienda y 32 millones que luego asignó Nación parecen no haber alcanzado para la culminación del Plan, que tiene como fin eliminar las unidades habitacionales en estado insalubre. Pero ni lerdo ni perezoso, el HCD marplatense aprobó un subsidio de 12.000.000 de pesos para que la ONG Trabajar pueda finalizar sus trabajos.
En esta historia de fantasmas, el misterio de las casas quedará sin resolver. Pese a los 63 millones de pesos que se le otorgaron en total, las 500 viviendas aún no se han construido. Parece que los 12 millones que el municipio de Pulti destinará a una supuesta ONG cumplirán ese fin.
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