El INECIP . ¿el regreso de Ruckauf?

Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) manifiestan su firme oposición al proyecto del gobierno de la provincia de Buenos Aires que pretende impedir la excarcelación de personas acusadas de portación ilegal de armas de fuego

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) manifiesta su firme oposición al proyecto del gobierno de la provincia de Buenos Aires que pretende impedir la excarcelación de personas acusadas de portación ilegal de armas de fuego. Estamos a favor de políticas muy activas y severas para disminuir el mercado de armas, pero obligar a encarcelar sin juicio a personas que muchas veces son falsamente incriminadas (como lo demuestra el alto número de causas armadas por portación), no tiene ningún efecto positivo, sino que agrava la situación.

Esta película de demagogia punitiva ya la vimos. La provincia aún sigue pagando las consecuencias de la desatinada política criminal del ex gobernador Carlos Ruckauf y su ministro de Justicia Jorge Casanovas: desbordes carcelarios, motines y muertes en prisión fueron caldo de cultivo para el incesante incremento de crímenes violentos y personas dispuestas a todo. Además se suman a estas consecuencias, las últimas restricciones al régimen excarcelatorio determinadas en el 2009 por la gestión de Ricardo Casal que han aparejado un nuevo reagravamiento del colapso del sistema penitenciario bonaerense.

La lucha frontal y decidida contra la violencia armada debe darse, pero con medidas efectivas y no meramente efectistas. Hay mucho por hacer:

* Control real del mercado de armas, impulsando la ley federal de creación de la ANCAE, con media sanción en el Congreso Nacional, pero frenada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el lobby armamentista que pretende conservar el poder de hecho sobre el RENAR;

* Políticas reales de investigación y persecución de los acopiadores y reducidores de armas de fuego;

* Control efectivo de las armas clandestinas ("perritos") en poder de la policía bonaerense;

* Continuidad y profundización de los planes de reducción de la tenencia de armas por particulares, principales proveedores (robo mediante) del mercado ilegal de armas;

* Eliminación de la obligación de portar armas fuera de servicio para efectivos policiales;

* Protocolos adecuados y seguros para la pronta destrucción de las armas secuestradas, con prohibición de almacenarlas en las fiscalías y otros sitios inadecuados para su custodia;

* Cobertura urgente de todos los cargos de fiscal vacantes;

* Eliminación del trámite burocrático de las investigaciones, oralizando obligatoriamente la prisión preventiva y la elevación a juicio en todos los delitos con armas de fuego;

* Flexibilización de la organización judicial para terminar con los tribunales colegiados de integración fija, que retrasan insoportablemente la fijación de juicios orales;

* Oralización obligatoria del procedimiento recursivo para todos los delitos con armas de fuego;

* Previsión en el Presupuesto 2013 de partidas para la creación y puesta en marcha de la agencia de investigaciones del Ministerio Publico ("policía judicial");

* Políticas penitenciarias de reducción de la violencia, tratamiento efectivo de adictos y formación laboral.

INECIP, miembro fundador de la Red Argentina por el Desarme, exige a los gobiernos de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, políticas concretas y no aparentes para reducir drásticamente la violencia armada.