ESPECIAL. Este viernes comenzará en Dolores el juicio por el caso del vecino de Santa Teresita desaparecido en 2001. La trama de una historia que mezcla misterio y poder. La perspectiva.
ENTRELÍNEAS.INFO.
La causa busca determinar quiénes y por qué secuestraron y mataron a Darío Jerez.
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El jueves 25 de octubre de 2001 comenzó como un día común y corriente para la familia de Rubén Darío Jerez. La mañana de trabajo fue normal para este corredor de la firma de comestibles Arcor, de entonces 49 años, que también realizaba cobranzas para la financiera Comprar SRL, con amplia presencia en el Partido de La Costa. Hasta las 11.30, Jerez recorrió comercios y tomó pedidos de sus clientes habituales. A esa hora, estacionó de contramano su Ford Fiesta gris en la tranquila diagonal 23, entre calle 3 y calle 4, en Santa Teresita. En la esquina conversó con un hombre. Y a partir de allí, su rastro se perdió como si se lo hubiera tragado la tierra. El Fiesta quedó allí, con los vidrios abiertos, las llaves puestas y un suéter en su interior, que el calor del primaveral mediodía había hecho estéril.
Once años después la investigación ha avanzado poco: su cuerpo no fue hallado ni tampoco está claro el motivo de su desaparición. Sin embargo, el próximo 1 de marzo comenzará en el Tribunal Criminal No 2 de la ciudad de Dolores el juicio oral y público en el que se juzgará a siete personas por “encubrimiento agravado” del delito de privación ilegal de la libertad y homicidio en contra de Rubén Darío Jerez. Para Viviana Zubiaurre, la esposa de la víctima, la llegada del juicio es un alivio. “Nosotros necesitamos que esto se haga a la brevedad, porque después de once años no me pueden hablar de justicia”, indicó. La familia ha sido, en todo este tiempo, quien no ha dejado que la causa se diluya. Cientos de marchas, reclamos, protestas, tanto en La Costa como frente a los tribunales de Dolores, donde se labran las actuaciones y donde efectivamente en marzo comenzará el juicio por encubrimiento.
UNA TRAMA COMPLEJA
Los imputados en esta etapa son seis hombres y una mujer, cuyo paradero no está establecido, por lo que será parte del debate. Los acusados, que llegan al juicio en libertad, han pertenecido tanto a la financiera para la que trabajaba Jerez como al gobierno municipal del momento, cuando el radical Guillermo Magadán era intendente de La Costa.
La vinculación de la firma Comprar con el gobierno radical se complementa con el dato de que la presidenta de aquel Concejo Deliberante, Silvia Del Palacio de Sampietro, era también titular de la financiera. Ricardo Sampietro, esposo de Del Palacio, era presidente de la UCR de La Costa. Para la familia de Jerez, no es un dato menor. “Convengamos que entre el gobierno municipal de ese entonces y la empresa Comprar había manejos de dinero, posiblemente blanqueo de dinero, algo medio raro”, asevera Zubiaurre. No obstante, para el fiscal Diego Bensi no existen en la causa mayores datos que apunten a una responsabilidad del arco político radical de 2001.
EL LARGO CAMINO AL JUICIO
Vamos a acompañar el juicio del caso Jerez desde Dolores, con informes diarios realizados con el rigor profesional y la información que distingue a ENTRELÍNEAS.INFO”.
Sobre el rumbo de la investigación, en esa misma entrevista Zubiaurre admitió que, con el paso del tiempo, “uno se ha dado cuenta de que la policía en la primera instancia no actuó de la forma correcta ni de acuerdo con los protocolos”. De todos modos, para el fiscal Bensi no puede hablarse de mala praxis policial. “Las medidas que se le iban pidiendo al personal policial, las cumplían”, asevera.
Para llevar adelante el juicio se han previsto 25 días de debates. Y en una primera lista, que seguramente no será la definitiva, se ha pedido la comparecencia de 480 testigos. Para Zubiaurre la razón más probable de la desaparición de su esposo sea que “haya visto algo o pudieron haberle encargado algo que no quiso, ya que Darío era una persona de campo, sana”. Sin embargo, la principal complicación es la de no contar ni con el cuerpo, ni con el móvil. Es cierto que, en este sentido, existe jurisprudencia. Básicamente en casos como el de Miguel Bru (el estudiante platense desaparecido en 1993). O todos los hechos de desaparición forzada de personas cometidos durante la última dictadura militar.
De los imputados, hay dos procesos por falso testimonio: determinar por qué mintieron Patricia Sanabria y Leandro Alzugaray será otra de las tareas con las que, se espera, habrá de acercarse más la justicia para saber quién y por qué hizo desaparecer a Rubén Darío Jerez.
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