El gobierno bonaerense presentó ante la justicia penal cinco denuncias por defraudación al fisco por más de $3 millones a empresas que retuvieron fondos por cuenta de ARBA y luego no los depositaron. De esta forma, Buenos Aires se transforma en la primera provincia del país en aplicar la Ley Penal Tributaria sancionada en diciembre de 2011.
Por primera vez un gobierno provincial denunció ante el fuero penal cinco casos de evasión impositiva de grandes contribuyentes en el marco de la ley penal tributaria, que en el ámbito bonaerense rige desde fines de 2011 y prevé penas de prisión para los incumplidores.
Ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas (UFIC) N° 8 de La Plata, la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba), denunció los casos de cinco empresas que en total le deben al fisco 3,3 millones de pesos.
De esta manera, Buenos Aires se convirtió en la primera provincia del país en presentarse ante la Justicia penal para que se investiguen las maniobras de evasión impositiva denunciadas.
Según fuentes del organismo, las cinco empresas son grandes contribuyentes que facturaron más de diez millones de pesos el año pasado y aseguraron que el dinero que se les reclama es el que le retuvieron al fisco de manera indebida.
Al retirarse del edificio de los tribunales penales, el titular de ARBA, Martín Di Bella, aseguró que “presentamos una acusación formal por apropiación indebida de tributos contra cinco empresas que actúan como agentes de recaudación”, y detalló que estos contribuyentes “durante el año pasado retuvieron y no depositaron en las arcas del fisco más de 3,3 millones de pesos”.
“Las denuncias son por el uso indebido de tributos; como agentes de retención no han depositado el monto que le corresponde a la Provincia en sus arcas, se han quedado con el dinero de todos los bonaerenses”, dijo Di Bella.
Las demandas fueron interpuestas ante la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial La Plata, dependencia que dará intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 de Investigaciones Complejas, a cargo de los Agentes Fiscales Esteban Lombardo, Jorge Paolini y Victoria Huergo, y al Juzgado de Garantías N° 3 a cargo del Dr. Jorge Moya Panisello.
Penas de prisión
Como son los primeros casos, desde el organismo no se aventuraron a hacer una estimación sobre cuánto tiempo pasará hasta que haya una definición. Sin embargo, dijeron que en los próximos días habrá nuevas presentaciones y advirtieron que la ley tipifica la pena con prisión efectiva. La ley nacional 24.769 dispone la pena de dos a seis años de cárcel a quienes “mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere el pago de tributos” por un monto de hasta 400 mil pesos. En tanto, se considera “agravada” la evasión de más de 4 millones de pesos y se la condena con penas de entre 3 y 9 años de prisión.
Con la presión fiscal al máximo y sin respuesta a sus pedidos de auxilio financiero a la Rosada, el gobernador Daniel Scioli busca dinero extra entre los grandes evasores de la provincia con la aplicación de la nueva Ley Penal Tributaria, sancionada en 2011, y que permite ahora a los fiscos provinciales litigar en el fuero penal.
Como viene informando esta agencia, el 21 de febrero pasado el gobierno de Daniel Scioli presentó un cuerpo especial de profesionales de ARBA que trabajan sobre los principales contribuyentes de la provincia para evitar que incurran en maniobras de evasión. Complementariamente, puso en funciones a una Policía Tributaria dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad con el objetivo de detectar maniobras fraudulentas y aplicar la Ley Penal Tributaria, que establece penas de hasta nueve años de prisión para quienes evadan sus obligaciones ante el fisco.
Se trata de dos cuerpos que actúan por separado bajo un mismo objetivo: maximizar la recaudación provincial en momentos de fuerte déficit financiero reprimiendo los casos de evasión más graves.
Ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas (UFIC) N° 8 de La Plata, la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba), denunció los casos de cinco empresas que en total le deben al fisco 3,3 millones de pesos.
De esta manera, Buenos Aires se convirtió en la primera provincia del país en presentarse ante la Justicia penal para que se investiguen las maniobras de evasión impositiva denunciadas.
Según fuentes del organismo, las cinco empresas son grandes contribuyentes que facturaron más de diez millones de pesos el año pasado y aseguraron que el dinero que se les reclama es el que le retuvieron al fisco de manera indebida.
Al retirarse del edificio de los tribunales penales, el titular de ARBA, Martín Di Bella, aseguró que “presentamos una acusación formal por apropiación indebida de tributos contra cinco empresas que actúan como agentes de recaudación”, y detalló que estos contribuyentes “durante el año pasado retuvieron y no depositaron en las arcas del fisco más de 3,3 millones de pesos”.
“Las denuncias son por el uso indebido de tributos; como agentes de retención no han depositado el monto que le corresponde a la Provincia en sus arcas, se han quedado con el dinero de todos los bonaerenses”, dijo Di Bella.
Las demandas fueron interpuestas ante la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial La Plata, dependencia que dará intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 de Investigaciones Complejas, a cargo de los Agentes Fiscales Esteban Lombardo, Jorge Paolini y Victoria Huergo, y al Juzgado de Garantías N° 3 a cargo del Dr. Jorge Moya Panisello.
Penas de prisión
Como son los primeros casos, desde el organismo no se aventuraron a hacer una estimación sobre cuánto tiempo pasará hasta que haya una definición. Sin embargo, dijeron que en los próximos días habrá nuevas presentaciones y advirtieron que la ley tipifica la pena con prisión efectiva. La ley nacional 24.769 dispone la pena de dos a seis años de cárcel a quienes “mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere el pago de tributos” por un monto de hasta 400 mil pesos. En tanto, se considera “agravada” la evasión de más de 4 millones de pesos y se la condena con penas de entre 3 y 9 años de prisión.
Con la presión fiscal al máximo y sin respuesta a sus pedidos de auxilio financiero a la Rosada, el gobernador Daniel Scioli busca dinero extra entre los grandes evasores de la provincia con la aplicación de la nueva Ley Penal Tributaria, sancionada en 2011, y que permite ahora a los fiscos provinciales litigar en el fuero penal.
Como viene informando esta agencia, el 21 de febrero pasado el gobierno de Daniel Scioli presentó un cuerpo especial de profesionales de ARBA que trabajan sobre los principales contribuyentes de la provincia para evitar que incurran en maniobras de evasión. Complementariamente, puso en funciones a una Policía Tributaria dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad con el objetivo de detectar maniobras fraudulentas y aplicar la Ley Penal Tributaria, que establece penas de hasta nueve años de prisión para quienes evadan sus obligaciones ante el fisco.
Se trata de dos cuerpos que actúan por separado bajo un mismo objetivo: maximizar la recaudación provincial en momentos de fuerte déficit financiero reprimiendo los casos de evasión más graves.
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