Educación: servicio esencial

La idea del vicegobernador, Gabriel Mariotto, de establecer el derecho humano a aprender por encima del derecho a huelga por tiempo indeterminado, abre un nuevo conflicto. La legislación, lo que determina la OIT, el ejemplo de otros lugares y el rechazo gremial

Primero fueron tibias reflexiones emanadas desde diversos sectores, hasta que Gabriel Mariotto lo dijo con todas las letras y puso el tema sobre el pupitre. El extendido paro docente colmó la paciencia del oficialismo, y el vicegobernador alimentó las llamas de la discusión con una propuesta a “tratar una vez que se solucione el conflicto salarial”. La iniciativa genera apoyos y rechazos, además de encuadrarse en un intrincado marco jurídico.

Disparar la idea de proclamar a la educación como un servicio público esencial es, en la coyuntura, un instrumento más en el cruce de presiones entre el Estado y las entidades sindicales. El Ejecutivo tomó con rapidez la idea del vicegobernador, bancó su discurso y prometió dar esa batalla después de arribar al fin del tire y afloje por los sueldos. Los responsables sindicales dicen que la propuesta, lejos de amilanar tensiones, las acrecienta, y confían en que el asunto se olvide una vez cerradas las paritarias.

Sin embargo, Mariotto no suele retroceder así nomás, y el gobierno busca desde hace mucho la alternativa para limitar el principal armamento de los gremios docentes a la hora de los reclamos. Se promete en el oficialismo avanzar en alguna salida “que no deje de rehenes a los chicos en cada comienzo del ciclo lectivo”.

“De alguna manera debe encontrarse una solución para evitar que los alumnos estén más de diez días seguidos sin clases”, se escucha en ámbitos oficiales; pero será complicado prosperar con la iniciativa en la Legislatura.

El primer paso sería tratar la derogación del artículo 18 de la ley provincial de Paritarias Docentes (13.552), logro de las entidades sindicales luego de otra feroz puja con el gobierno de Felipe Solá, en 2006. Allí se compromete la Provincia a no declarar nunca a la educación como servicio esencial.

Ese, no obstante, es sólo un primer paso para sortear otros laberintos jurídicos donde entran en discusión los alcances de resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sus consecuentes interpretaciones, argumentos constitucionales y fina lectura de leyes provinciales y nacionales, además de una revisión de otras constituciones y normativas que permiten a países latinoamericanos colocar a la educación en el marco de los servicios públicos esenciales.

“Respetando las paritarias, respetando la opinión crítica de los docentes, y con una mirada restrospectiva de lo que ocurrió en los últimos tiempos, a mí me parece que es momento de cambiar el paradigma”, asegura Gabriel Mariotto. Agrega que pretende poner en la mesa de discusión “la posibilidad de declarar a la educación como un servicio público esencial”, para permitir un reclamo ordenado de los docentes y “con los niños de guardapolvo blanco dentro del aula”.

Cuando el vicegobernador lanzó la polémica propuesta, estuvo lejos de ser impulsado por un arrebato. Una serie de interpretaciones legales por parte del equipo legislativo del Senado le dio los elementos argumentativos para salir a dar la pelea. Supo desde el primer momento del rechazo sindical, y de las duras respuestas que vendrían.

Enseguida, los sindicatos pusieron por encima de todo la declaración de la OIT acerca de cuáles son los servicios consagrados como esenciales que restringen los paros totales de actividades en determinadas actividades. El contraataque lo realizan con el pedido de formalización de un tribunal arbitral, por el cual se limita el poder de negociación del ministerio de Trabajo bonaerense.

Las entidades gremiales dicen que la cartera actualmente conducida por Oscar Cuartango “no puede ser juez y parte: sentarse a la mesa, hacer la propuesta y luego dictar la conciliación obligatoria”. Es el principal fundamento para pedir la sanción del tribunal arbitral habilitado por la Constitución bonaerense pero nunca aprobado en la Legislatura.

Con celeridad, los bloques de senadores y diputados del Frente Renovador anunciaron la presentación de un proyecto para regularizar la situación. Sin embargo, y aun cuando el radicalismo dice haberlo pedido con anterioridad, ya existe en el parlamento legislativo una iniciativa en el mismo sentido, impulsada por el propio gobernador Scioli.

¿Se podría negociar en las cámaras de representantes la formalización del tribunal arbitral por la limitación de las huelgas? Desde el punto de vista de los trabajadores se descarta de plano, y en la Legislatura, las pujas entre el oficialismo y la oposición se hacen cada vez más difíciles de sortear.

Derecho humano
“Nuestra Constitución provincial establece con claridad, en un concepto muy abarcativo, muy general y muy profundo, que la educación es un derecho humano fundamental. En ese contexto, declararla servicio público esencial es posible”, responde Gabriel Mariotto cuando se le pregunta por el camino a seguir en la búsqueda del objetivo. Poner la supremacía del derecho humano por sobre el derecho a huelga es una estrategia fundamentada también en conceptos constitucionales y de pactos internacionales.