En 2009, el oficialismo impulsó un documento en el que advertía que las políticas de mano dura “han amenazado la gobernabilidad democrática”. Además, cuestionaba la delegación de la seguridad a los policías, el incremento de penas y el encarcelamiento masivo. La contradicción con las propuestas actuales.
El archivo es impiadoso con el brusco giro que dio el kirchnerismo en materia de seguridad tras su derrota en las primarias de agosto. No hace falta ir demasiado lejos para que quede en evidencia como se sepultó el discurso ideológico progresista para empezar a aplicar la mano dura.
En los últimos días de diciembre de 2009, el oficialismo logró alinear a distintos referentes de la oposición y de organizaciones sociales y de derechos humanos para firmar un “Acuerdo para la Seguridad Democrática”. Se trata de un documento donde está plasmada la visión de Horacio Verbitsky, quien fue su principal impulsor junto a León Arslanián.
Entre los firmantes se destacaban Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Martín Sabbatella, Carlos Heller, “Chino” Navarro, Gabriela Cerruti, Hugo Yasky, Luis D’Elía, Raúl Zaffaroni, Ricardo Foster y Horacio González, entre muchos otros. Además, había varios referentes opositores como Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer, Hugo Moyano, Pino Solanas y Felipe Solá, entre otros.
El acuerdo es un duro posicionamiento en contra de la mano dura, que alertaba incluso sobre los riesgos democráticos que conlleva la aplicación de esas políticas, además de cuestionar su efectividad. “Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática”, advierte el escrito.
“La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura”, agrega el documento, casi una premonición de la nueva política de seguridad del kirchnerismo.
Además, se sostiene que “todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales”, algo que está lejos de suceder en la provincia de Buenos Aires.
Esto podría agravarse con el desembarco del ex comisario Juan Carlos Paggi en la Secretaría de Seguridad, según adelantó ayer Verbisty. El periodista de Página 12 fue uno de los pocos oficialistas que mantuvo clara su posición al respecto y ayer escribió una durísima nota contra el ministro bonaerense de Seguridad, Alejandro Granados, la cara visible del giro hacia la mano dura.
El documento 2009 es una muestra de la marcada contradicción en la postura del kirchnerismo respecto a la seguridad. La contradicción se acentúa si se recuerda cómo, tras la intentona golpista contra Rafael Correa en 2010, el oficialismo avaló la teoría de los “golpes blandos” y de que los potenciales golpistas de esta época son las fuerzas seguridad y ya no los militares.
Hoy, en cambio, el ministro de Seguridad bonaerense promete cien mil policías para la provincia, 45 mil más que en la actualidad. El gobernador Daniel Scioli avala y asegura que “el Estado tiene que estar dispuesto a todo” para atacar la delincuencia.
Paradójicamente, este giro del kirchnerismo lo termina ubicando a la derecha del massismo, a quien intenta “robarle” la bandera de la lucha contra la inseguridad. Desde el Frente Renovador, Gabriel Katopodis pidió días atrás “evitar una mirada exclusivamente punitiva y represiva" y “fortalecer el brazo social del Estado”.
Se podría mencionar también que en ese espacio se encuentra Felipe Solá, uno de los firmantes del documento del 2009. Pero el dato clave es que durante su gestión como gobernador fue quien impulsó -junto al entonces ministro Arslanián- el control político de la Policía Bonaerense, que fue uno de los ejes de la política de seguridad del kirchnerismo hasta hace poco y uno de los reclamos del “Acuerdo para la Seguridad Democrática”.
En los últimos días de diciembre de 2009, el oficialismo logró alinear a distintos referentes de la oposición y de organizaciones sociales y de derechos humanos para firmar un “Acuerdo para la Seguridad Democrática”. Se trata de un documento donde está plasmada la visión de Horacio Verbitsky, quien fue su principal impulsor junto a León Arslanián.
Entre los firmantes se destacaban Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Martín Sabbatella, Carlos Heller, “Chino” Navarro, Gabriela Cerruti, Hugo Yasky, Luis D’Elía, Raúl Zaffaroni, Ricardo Foster y Horacio González, entre muchos otros. Además, había varios referentes opositores como Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer, Hugo Moyano, Pino Solanas y Felipe Solá, entre otros.
El acuerdo es un duro posicionamiento en contra de la mano dura, que alertaba incluso sobre los riesgos democráticos que conlleva la aplicación de esas políticas, además de cuestionar su efectividad. “Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática”, advierte el escrito.
“La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura”, agrega el documento, casi una premonición de la nueva política de seguridad del kirchnerismo.
Además, se sostiene que “todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales”, algo que está lejos de suceder en la provincia de Buenos Aires.
Esto podría agravarse con el desembarco del ex comisario Juan Carlos Paggi en la Secretaría de Seguridad, según adelantó ayer Verbisty. El periodista de Página 12 fue uno de los pocos oficialistas que mantuvo clara su posición al respecto y ayer escribió una durísima nota contra el ministro bonaerense de Seguridad, Alejandro Granados, la cara visible del giro hacia la mano dura.
El documento 2009 es una muestra de la marcada contradicción en la postura del kirchnerismo respecto a la seguridad. La contradicción se acentúa si se recuerda cómo, tras la intentona golpista contra Rafael Correa en 2010, el oficialismo avaló la teoría de los “golpes blandos” y de que los potenciales golpistas de esta época son las fuerzas seguridad y ya no los militares.
Hoy, en cambio, el ministro de Seguridad bonaerense promete cien mil policías para la provincia, 45 mil más que en la actualidad. El gobernador Daniel Scioli avala y asegura que “el Estado tiene que estar dispuesto a todo” para atacar la delincuencia.
Paradójicamente, este giro del kirchnerismo lo termina ubicando a la derecha del massismo, a quien intenta “robarle” la bandera de la lucha contra la inseguridad. Desde el Frente Renovador, Gabriel Katopodis pidió días atrás “evitar una mirada exclusivamente punitiva y represiva" y “fortalecer el brazo social del Estado”.
Se podría mencionar también que en ese espacio se encuentra Felipe Solá, uno de los firmantes del documento del 2009. Pero el dato clave es que durante su gestión como gobernador fue quien impulsó -junto al entonces ministro Arslanián- el control político de la Policía Bonaerense, que fue uno de los ejes de la política de seguridad del kirchnerismo hasta hace poco y uno de los reclamos del “Acuerdo para la Seguridad Democrática”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario