Durante la década kirchnerista, el aumento del endeudamiento superó al del menemismo y sobrepasó la mitad del PBI. Más del cincuenta por ciento de la deuda es con organismos públicos
Se estima que la deuda pública no bajaría de los US$ 350.000 millones, mucho más que los cálculos oficiales, donde no computan las deudas de las provincias y de los municipios, los intereses a pagar de la deuda pública (que según datos oficiales serían de alrededor de 71.600 millones de dólares), y la deuda por cupones ligados al PBI, entre otros ítems no publicados ni considerados en los datos oficiales.
Pero lo peor es que la deuda intraestatal (con diferentes organismos públicos) viene incrementándose alarmantemente: en el primer semestre alcanzó los $ 33.047 millones, luego de que en 2012 cerró en
$ 26.000 millones. Este endeudamiento trepó durante el año pasado de 52,9% a 58,1% del total de las obligaciones del Tesoro, principalmente gracias a los préstamos del BCRA (mediante el Fondo de Desendeudamiento), la Anses (a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad) y el Banco Nación (que aportó casi $ 15.000 millones en 2012).
Entre otros entes que también son una “caja fácil” para el Gobierno están el PAMI, la Cammesa (reguladora del mercado eléctrico mayorista), Lotería nacional, la AFIP, varios fondos fiduciarios (como el de Reconstrucción de Empresas o el de Refinanciación Hipotecaria), varios ministerios y dependencias y otros organismos menores (como el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, la Administración General de Puertos y el Instituto Nacional de Reaseguros).
Aunque tener la mitad de la deuda en manos de organismos públicos facilita las refinanciaciones para el Gobierno, traslada el riesgo de un eventual incumplimiento de sus funciones a esos organismos, como el pago de jubilaciones con la Anses y falta de reservas para respaldar los pesos en circulación con el BCRA (que además debe emitir pesos para cubrir las necesidades del Tesoro, y eso genera más inflación).
A su vez, el Ejecutivo no tiene capacidad de pago demostrada para cancelar esta deuda intraestatal, y especula con que la inflación licue el valor de sus títulos: por ejemplo, con una inflación anual del 25%, en cuatro años el valor nominal de las obligaciones tomadas hoy será cero. Esto ocurre porque toda esa deuda está pesificada, como los “préstamos garantizados” que toma el BCRA, y no tiene actualizaciones.
Deuda externa
El otro gran frente de deuda es el externo, principalmente ante el CIADI, donde hay 42 demandas de empresas extranjeras que exigen indemnizaciones por 65.000 millones de dólares. Los casos más emblemáticos son el de Repsol -que reclama unos US$ 10.500 millones por la expropiación de YPF- Azurix y Blue Ridge -que piden unos US$ 300 millones más intereses por incumplimientos contractuales-.
El Gobierno viene incumpliendo estos pagos porque quiere que las demandas se trasladen a la Argentina para iniciar el proceso de cobro; la intención sería sumir así el proceso en una telaraña burocrática interminable, abarcando la obligación de que las partidas para pagar se incluyan en el presupuesto. Sin embargo, se rumorea que, luego del revés con los fondos buitre en las cortes estadounidenses, el equipo económico está trabajando para pagar los casos con sentencia, que serían cinco.
El otro gran frente es con el Club de París, al que se le deben unos US$ 6.743 millones, sin intereses, ya que si no la cifra superaría los US$ 8.500 millones. El problema en este caso es que habría que pagar al contado, y las reservas del BCRA ya son las de agosto de 2009, cuando se anunció la cancelación total de la deuda con el club, pero luego se archivó por la caída del Lehman Brothers.
Por último, el otro frente abierto, de menor monto pero mayor conflictividad, es el de los fondos buitre, que reclaman más de US$ 1.300 millones y ya obtuvieron varios fallos favorables en las cortes estadounidenses, además de conseguir embargar varios activos argentinos en el extranjero.
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