Comenzó mayo. Nadie que piense en tomar decisiones, oficialistas, opositores, financistas, especuladores, militantes convencidos, productores o sindicalistas, puede olvidarse que la Argentina entró en terreno electoral. Esto es, la vida cultural, económica y social estará impregnada de cuántos votos obtendrán tanto el FpV como la UCR, el FAP y el PRO en octubre próximo. Los analistas de estrategias y los dogmáticos más convencidos deberán tomar nota del día a día. Pasados 30 años de recuperado el voto popular, vale tomar nota de que Raúl Alfonsín terminó su gobierno abruptamente empujado por corporaciones para avanzar en las privatizaciones, que Carlos Menem logró quedarse una década gracias a haber sido el artífice de los grupos económicos más concentrados y que ese espiral tuvo su punto de inflexión en la crisis de diciembre de 2001, cuando Fernando de la Rúa se fugó, literalmente, después de haber llevado al país a la crisis más profunda de estos años de joven democracia. La advertencia, inevitable, es que en estos días no faltan los grupos de poder que sueñan con regresiones abruptas. Los que vienen, serán seis meses de aprendizaje para poder profundizar la democracia.
Voto joven. El 30 de abril cerró el registro de electores y la novedad es que unos 750.000 mil jóvenes –de entre 16 y 17 años– renovaron sus documentos de identidad para votar en las primarias del 8 de agosto y las legislativas del 27 de octubre. Representan casi el 60% del padrón de esa franja de edades. La ley (26.774) fue sancionada el 1º de noviembre pasado y habilitó a quienes tengan 16 años cumplidos al momento de los comicios a emitir su voto. Hay que destacarlo: es un voto optativo. Y si seis de cada diez jóvenes se lo tomaron en serio, esto es porque la democracia y el voto ciudadano tienen un valor trascendente en personas que nacieron entre los años 1996 y 1997; es decir, pibes que empezaron la escuela primaria en 2003 y 2004. Cabe recordar que muchos escépticos decían con desprecio que los chicos iban al colegio a comer. Esa generación empezó a ver cómo se recuperaba la educación al tiempo que en sus casas se vivían, al mismo tiempo, los miedos de los noventa y de la crisis de 2001 con la recuperación de los puestos de trabajo y de la autoestima. Hoy, estos pibes, más allá de lo que voten en los próximos comicios, tienen un registro de la generación anterior donde muchos insistían que la única salida era Ezeiza. Esos pibes, atravesados por problemas graves como las adicciones y la falta de estímulos al trabajo y al estudio, hoy sacan carné de ciudadanía anticipado.
Consejeros en las listas. Pero la escena electoral no sólo registra algunos datos sociológicos que se estudiarán en plazos mayores que estos próximos meses. Hoy están trepados varios temas estrictamente de coyuntura que desvelan a quienes toman decisiones. El más cercano: el próximo miércoles 8, el Senado se apresta a votar –con las modificaciones de Diputados– la reforma del Consejo de la Magistratura. Cualquiera que mire el calendario verá que el domingo próximo (en rigor el lunes 13 a la mañana), las autoridades nacionales deberán hacer la convocatoria formal a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). La reforma del Consejo de la Magistratura establecerá que los consejeros representantes de los abogados, los académicos y los jueces deberán estar en las boletas de los partidos o frentes electorales que disputen en los próximos comicios. Si la ley sale en el Boletín Oficial el viernes, habrá que estar atento a los cientos de recursos de amparo de quienes pretendan la inconstitucionalidad de esa ley. Ambas cosas pasarán el próximo viernes: la ley será promulgada al tiempo que algunos pretenderán desconocer su vigencia. Acaba de pasar: ya se presentaron recursos de amparo para que algún juez promueva una cautelar que limite a las cautelares.
La Justicia Electoral podrá decir entonces que es legal estampar en las boletas a los candidatos a consejeros. O puede decir todo lo contrario. Lo cierto es que, haga lo que haga, es difícil pensar que las boletas del Frente para la Victoria acepten que es ilegal una ley que acaba de cumplir con todas las normas constitucionales para su sanción.
Consejeros ¡a las listas! Entre distintos dirigentes opositores circuló primero la idea, temeraria, de dejar vacío el espacio destinado a consejeros. Luego, con más sensatez, prospera el criterio de que todas las listas opositoras lleven a los mismos candidatos a consejeros. Ernesto Sanz, que ayer lanzó en solitario su precandidatura presidencial para 2015 espera que todo el arco opositor se sume a su propuesta. En las filas del PRO, desde ya, no hay ninguna intención de compartir espacio con los radicales. En definitiva, en lo único que se unifica la oposición es en judicializar la ley. El resto, todavía es un misterio.
La Corte Suprema. Si la idea de presentar consejeros avanza en los opositores, perdería potencia la jugada de que el tema del Consejo llegue a la Corte. En ningún caso las cautelares sobre el Consejo entrarían en la agenda recién después del 27 de octubre. Y sería impensable que el máximo tribunal de Justicia declarara inconstitucional una ley que se puso en práctica. Tampoco será tratado por la Corte antes de las elecciones el fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial que falló a favor de Clarín.
Números y listas. No hay encuestas que den mal para el Frente para la Victoria. La aprobación de gestión del Gobierno y la imagen de la Presidenta oscilan entre el 40 y el 47% de acuerdo a quiénes sean los que piden los estudios de opinión pública. Desde ya, en cada distrito puede haber candidatos que estén a tono o no. Para el oficialismo es mejor evitar las PASO y lograr acuerdos para la conformación de las listas. No hay clima de confrontación. Ni siquiera en el complejo distrito bonaerense. Eso sí, de cara al 27 de octubre. El 28 será otra historia.
El dólar y la economía. Habría que descartar una devaluación, pese a que el dólar ilegal –o blue– tenga una brecha tan alta respecto del oficial. La alta recaudación tributaria de abril (36% más alta que abril de 2012) tuvo como un componente importante la liquidación de dólares como producto de la exportación de soja. Eso significa que venden a 5,20 menos el 35%. Un precio demasiado lejano del pequeño mercado del blue (9,50). Lograr que algunos sojeros liquiden es una señal para quienes buscan doblar el brazo al Gobierno para forzar una devaluación. Hasta el mismo Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad y espada neoliberal de peso, sostiene que la cotización del dólar no es económica, sino que está relacionada “con la reforma del Poder Judicial impulsada por Cristina”. Una interpretación curiosa.
Esto no significa, a juicio de este cronista, que las cosas en materia económica no presenten dilemas y frentes de conflicto. Además, parece evidente que los sectores medios están bombardeados por ese discurso. Y lo compran.
Si los especuladores y los sectores opositores lograran una devaluación, la vivirían como un golpe a Cristina. No tienen un plan. Eso sí, hay sectores exportadores que perdieron competitividad. Las economías regionales con productos hacia el exterior lo sufren. No se aceptó la propuesta del desdoblamiento cambiario (atribuida a Axel Kiciloff) por inviable. Pero en muchos países funcionan mecanismos de estímulos fiscales y aduaneros (reintegros y baja de aranceles) para compensar las desventajas de sectores económicos que deben ser protegidos.
Tampoco sirve que los propios banqueros (el sector financiero tuvo en 2012 mayor rentabilidad que el complejo agroexportador) sean denunciados por ir en Buquebús a Montevideo a retirar dólares de los cajeros. Estamos en un momento donde no hay maneras atractivas de ahorrar para el pequeño inversor. Descontadas las comisiones bancarias, los títulos de YPF dejan algo como el 16% anual. Por arriba de un plazo fijo pero por debajo de la inflación. Los autos de alta gama se venden al dólar oficial y los sectores privilegiados gastan en ellos.
Del otro lado, las grandes compañías vienen de altas tasas de ganancia y de bajísimos niveles de reinversión. Las restricciones a las empresas extranjeras para la remisión de utilidades es una manera de impulsarlos a que reinviertan. No es fácil. Los márgenes de elusión impositiva para las transnacionales con maniobras de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones son más que una tentación para empresas que en sus casas matrices europeas o norteamericanas están de recontra-ajuste. Las inversiones inmobiliarias o en granos están en buena parte en manos de fideicomisos que pueden tener sus sociedades inscriptas en paraísos fiscales. Puede presumirse que lavan dinero. La Unidad de Investigación Financiera podría –si tuviera instrucciones políticas– meter las narices en la ruta del dinero de esas sociedades. Además, si bien en estos años se le fueron recortando beneficios fiscales (no pagaban Impuesto a las Ganancias), todavía les queda una manera de gambetear a la AFIP: el que pone plata en un fondo fiduciario hace figurar esa inversión como un activo financiero, y todavía los activos financieros no pagan impuestos.
Una vez más: el sistema fiscal argentino reposa más en los impuestos indirectos y a las sociedades. Otra cosa sería gravar a las personas físicas como sucede con los sistemas más progresivos.
Si se cuida peso a peso y dólar a dólar no alcanza con decir que se vigila a las cuevas de cambio cosa que, por otra parte, no es cierta. Basta con caminar por Florida y Lavalle y escuchar el canto de los cambistas. Basta con hablar con encargados de edificios y puestos de diarios para saber dónde se hacen esas operaciones.
La calle, los anuncios. Daniel Scioli tuvo el visto bueno del gobierno central para emitir un bono en pesos. Por una cifra importante: 1.700 millones de pesos. Están destinadas a obras públicas, con epicentro en las hídricas relacionadas con las inundaciones pasadas. De todos modos, abre la puerta para la toma de deuda por parte del gobierno nacional. Indica que hoy es visto –al menos por el Gobierno– más como un instrumento de política económica que como una señal de desvío. Sería lógico que Cristina buscara tener liquidez para controlar el dólar, para hacer algún anuncio de alto impacto, como por ejemplo la estatización de los ferrocarriles que fue mencionada en voz baja en varias oportunidades. Hay subsidios para el transporte. Y no sería malo un inventario serio de qué hicieron y hacen los empresarios beneficiados por esos subsidios.
La calle debe ser recuperada por la militancia popular. La realidad es que pasó el 1º de Mayo sin novedades para los trabajadores. En Bolivia, por ejemplo, hubo un acto masivo para celebrar la nacionalización de los hidrocarburos realizada hace siete años. En Venezuela, Nicolás Maduro presentó las nuevas reglamentaciones en defensa del trabajo en un acto también masivo.
La vieja JP y la corrupción. La denuncia de Hernán Arbizu, ex JP Morgan, llevó al juez Sergio Torres, a cargo de la causa por lavado de dinero y “eventual” estafa del Grupo Clarín en las acciones de las AFJP, a reabrir la causa de los 469 casos que involucran a diversos empresarios. Dos de los principales ejecutivos de dicho banco, Andrés Rodríguez Lubari y María Laura Tramezzani, dejaron el país abrupta y silenciosamente. Aprovecharon el Día del Trabajador para su huida. Temían que Torres los citara al despacho judicial.
Atención con las denuncias por lavado de dinero de Lázaro Báez. Más allá de que ahora, imputado el empresario y su hijo Martín, habrá un lento proceso judicial, con descargos, pericias e investigaciones que llevarán meses y meses, lo cierto es que la sociedad puso atención a los casos de corrupción. La austeridad, la transparencia, el control de gestión son ejercicios diarios. Es una misión cotidiana de los gobernantes. Un mérito que pocos pueden exhibir en la Argentina.
