Dardos a Darín, a dirigentes no acólitos, a jueces y a empresas. La culpa siempre es de los demás.
EL SECRETO DE SU LENGUA, Ricardo Darín. Dibujo: Pablo Temes.
Los tuits contra los jueces y la reivindicación de los asados en la ESMA; la carta a Ricardo Darín; las alusiones despreciativas hacia Daniel Scioli en el acto propagandístico con el que se recibió en Mar del Plata a la fragata Libertad; las críticas, acusándolos de ser los responsables de la inflación, tanto a Mauricio Macri como a gobernadores e intendentes en el Aló Presidenta del jueves. Todos mojones de una semana en la que Cristina Fernández de Kirchner hizo, con su fenomenal despliegue de furia incontenible, una exhibición de perfecto kirchnerismo. Tal despliegue abarcó también los carpetazos, que incluyeron los depósitos en dólares del gobernador bonaerense, la estatización de las deudas de Socma y de Sevel –Macri– y la causa por supuesto contrabando de automóviles para discapacitados en la que Darín –a quien no debería sorprenderle si en algún momento futuro le cae encima una inesperada visita de la “Gestafip”– fue sobreseído.
Según pasan los días, los meses y los años, la riqueza extraordinaria de los Kirchner, alusión que tanto molesta a la Presidenta, va reafirmando una certeza: es inexplicable. Es decir que, desde el punto de vista de la fundamentación lógica de cómo se gestó y cómo se consolidó, esa fortuna no resiste el más mínimo análisis. Fue por ello que en su momento la AFIP envió a cuatro supervisores a reunirse en Santa Cruz con el contador del matrimonio presidencial, Víctor Manzanares. Urgía arreglar una serie de inconsistencias groseras de la declaración jurada anual presentada en el año 2008. Por eso es que, en la larga carta que Fernández de Kirchner le envió a Darín motivada por sus dichos –en los que manifestaba que le gustaría que la jefa de Estado explicara el origen de su fortuna– no había respuesta alguna al respecto. Es que existe allí un combo explosivo en el que se mezclan cobros de algunos alquileres a precios que no parecen ser los del mercado, intereses devengados por plazos fijos en dólares a tasas que no se pagan en el mundo y la compra de terrenos en El Calafate a valores bajísimos que hacen acordar a la época en que, después de la segunda Campaña del Desierto, el general Julio Roca vendió a precio vil esas tierras –hasta entonces habitadas por aborígenes– a amigos y familias afines a su gobierno. La investigación judicial por la compra de esos terrenos por parte de los Kirchner fue rápidamente cerrada por la fiscal de la causa, Natalia Mercado, casualmente hija de Alicia Kirchner.
El acto de recibimiento de la fragata Libertad fue para el Gobierno una oportunidad perdida. Una más. La Presidenta pudo haber hecho de esa circunstancia una muestra de integración y participación popular. Terminó transformándolo en un episodio minúsculo. Fue un acto de campaña en el que todo fue aparato. Aun así, varios intendentes peronistas del Conurbano se negaron a participar de un acontecimiento al que se le quiso dar tono de gesta épica y terminó siendo algo cercano a la pantomima.
Comienza a verse en ese universo del peronismo que conforman varios intendentes del Gran Buenos Aires un hastío ante ese estilo de gestión basado en el “relato”. Ese hastío todavía no se hace visible sino muy a cuentagotas. He ahí el caso, por ejemplo, del intendente de Olavarría, José Eseverri, quien se negó a participar del último Aló Presidenta en el que la jefa de Estado inauguraba una fábrica que, en verdad, ya había sido inaugurada treinta días antes. La situación que están atravesando las gestiones municipales –kirchneristas o no– se complica día tras día. “La Presidenta cree que con la promesa de obras públicas se solucionan todos nuestros problemas, y ése es un grave error de concepto. Nosotros debemos prestar servicios, sostener la administración y comprar insumos”, se quejaba un intendente K que ve cómo la inflación hace más costosa su gestión. Muchos de esos jefes comunales se sienten humillados por la forma en que se los ignora olímpicamente desde el centro del poder. “Estoy cansado de que me llamen sólo para movilizar gente”, se quejaba el miércoles un intendente K del sur del Conurbano que se negó a poner micros y empleados públicos con rumbo a Mar del Plata.
La novedad de la semana fue que, en su Aló Presidenta del jueves, Fernández de Kirchner reconoció la existencia de la inflación. Lo hizo, por supuesto, a su manera; es decir, echándoles la culpa de ello a los demás. Esta realidad –la de la inflación– está complicando la vida de los caciques de la CGT Balcarce. La presión de las bases va en aumento, y este crescendo no hace más que robustecer la postura de Hugo Moyano.
Los números de la economía van mostrando inexorablemente los flancos débiles de la actual gestión con uno de los pilares del así llamado modelo: el superávit fiscal, algo que Néstor Kirchner cuidaba a rajatabla. La disparada del dólar que no cede es otro punto contradictorio con los postulados del ex presidente. Los acuerdos de YPF con Chevron y Bridas están también en contraposición con el “relato”. En todos los casos, las compañías que se asocian con la renacionalizada petrolera lo hacen asegurando ganancias de nivel internacional que van a traer como consecuencia un aumento paulatino del precio de los combustibles. Curiosamente, al echar culpas sobre las causales y los causantes de la inflación, la Presidenta olvidó mencionar este ítem, sobre el cual la responsabilidad del Gobierno es absoluta. Hay que recordar que el área de hidrocarburos está bajo la tutela de Axel Kicillof, quien desde su cargo de titular de la Comisión de Planificación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones supervisa, a la manera de un auditor, las inversiones, los costos y los precios de las ventas de todos los productos del sector petrolero.
La Presidenta viaja por estas horas con rumbo a Emiratos Arabes e Indonesia. Se traslada en un avión alquilado a la empresa británica Chapman Freeborn, que tiene contratos con Desire Petroleum, Falkland Oils & Gas y Oil Spill Response, que hacen tareas de exploración petrolera en nuestras Malvinas. Lo llamativo es que la Ley 26.659 prohíbe, tanto al Estado como a los particulares argentinos, contratar a cualquier empresa que colabore con la búsqueda de petróleo en las Malvinas sin la autorización del gobierno argentino. Esta ley fue sancionada el 26 de marzo de 2011 y respondió a un proyecto impulsado por Fernández de Kirchner, quien ahora no tiene problemas en violarla. Kirchnerismo puro.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
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