La diputada amplió una denuncia que había hecho en 2008 por asociación ilícita y otros delitos contra funcionarios y empresarios K. La causa original estaba en manos del juez Ercolini, pero la nueva acusación será investigada por Sebastián Casanello. Piden que Gils Carbó realice la denuncia.
Luego de que en el programa de Jorge Lanata se revelará cómo el empresario santacruceño Lázaro Báez realizó millonarios giros de dinero a bancos suizos a través de paraísos fiscales, Elisa Carrió fue la primera en tomar en cartas en el asunto y se presentó ante la Justicia Federal para ampliar una denuncia que había realizado en 2008.
La diputada nacional realizó la presentación ante el juez federal Julián Ercolini, a quien le entregó el video del programa emitido anoche ya que, en su opinión, es "una valiosa prueba" para ampliar su denuncia por supuesta asociación ilícita contra funcionarios kirchneristas y empresarios ligados al gobierno.
"Se ha difundido un informe periodístico con íntima relación a los hechos denunciados en esta causa y que oportunamente tuvieran requerimiento del fiscal actuante a fin de que se investigue entre otros delitos, el de asociación ilícita respecto de los señores Lázaro Báez, Julio De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Jaime, Carlos Zannini, Cristóbal López, y Rudy Ulloa Igor y el fallecido ex presidente Néstor Kirchner", señaló el texto presentado por Carrió.
No obstante, la causa no será investigada por Ercolini, ya que el magistrado pidió a la Cámara que sortee el caso. El encargado de investigar será el juez federal Sebastián Casanello, uno de los jueces federales nombrados por el Gobierno el año pasado. Actualmente está a cargo del juzgado Criminal y Correccional N°7.
Según Carrió, el aporte del informe del programa Periodismo Para Todos revela "la gravedad de los hechos" y es una "prueba de la asociación ilícita y de otros delitos penales". Por esto, la diputada lamentó que "no se haya investigado suficientemente en la denuncia" que radicó en 2008. “(Ercolini) nunca se animó a allanar ni a pedir los expedientes de los subsidios, nunca se animó contra Kirchner ni Lázaro Báez. Esta fue la complicidad de la Justicia Federal para tapar la causa”, agregó.
“El informe no me sorprendió. En marzo de 2004 nosotros dijimos que el cajero era De Vido. Está claro que Kirchner era el jefe de Lázaro Báez. Yo presenté la denuncia por asociación ilícita contra Kirchner, De Vido, Jaime, Cristóbal López y Lázaro Báez. Había una maniobra fraudulenta de 400 millones de dólares. En este momento, Cristina Kirchner y Lázaro Báez son socios”, dijo Carrió en una entrevista con TN.
La presentación de la legisladora solicita que se realicen "allanamientos pertinentes para salvaguardar las pruebas que pudiesen existir, que tome las declaraciones testimoniales e indagatorias de rigor, que exhorte a las entidades y organismos oportunos para que se remita la información sobre las sociedades comerciales y cuentas bancarias radicadas en el exterior a las que se refiere este informe".
Carrió reclamó además que "se allane la sede de la firma SCI, ubicada en el complejo Madero Center del barrio Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires" y que se cite a “Lázaro Báez, Martin Báez, Leandro Báez, Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi", todos los mencionados en el informe.
Piden que intervenga Gils Carbó
El ex fiscal Pablo Lanusse solicitó la intervención de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó para que promueva una denuncia penal por este caso. Además, solicitó la renuncia de los titulares de los organismos del Estado que no controlaron y quedaron "en grosera posición adelantada".
En ese sentido, señaló a la Unidad de Información Financiara (UIF), al Banco Central, a la Secretaría de Inteligencia y a la AFIP. Al respecto, indicó que son "todos organismos que sabemos que desgraciadamente durante los últimos años en vez de cumplir y responder al fin por lo que fueron creados son arietes de aprietes, de extorsión y amenazas hacia todos los que se animan a levantar la voz y a poner el énfasis en que este relato es pura cáscara".
Lanusse explicó que "todo funcionario público y especialmente los fiscales o la procuradora, la doctora Gils Carbó, tienen la obligación funcional de promover la denuncia penal de estos hechos, porque no puede quedar ninguna duda que lo que se conoció puede configurar un delito y necesita una investigación".
Otro ex fiscal, el ahora diputado Manuel Garrido reclamó que "la Justicia inmediatamente debe tomar el caso y verificar lo que están contando. Se conoció mucha información, nombres de sociedades, cuentas bancarias. La justicia tiene que investigar".
En opinión del ex fiscal de Investigaciones Administrativas de acuerdo a las denuncias podría configurarse el delito de lavado de dinero ("que tiene una pena básica de hasta diez años de prisión") y "además, había montada toda una estructura para lavar dinero, por lo que podría verse si no hay asociación ilícita".
La denuncia
En el programa de TV se mostraron dos cámaras ocultas al empresario Leonardo Fariña, quien se dijo "empleado" de Lázaro Báez, un empresario que catalogó como "socio" del ex presidente Néstor Kirchner "en todo", y señaló que era el encargado de trasladar el dinero desde Río Gallegos a la financiera SGI en Puerto Madero, donde se generaba el mecanismo de salida de los fondos rumbo a paraísos fiscales.
También el ex dueño de la financiera, Federico Elaskar dio detalles de la ruta del dinero hacia el exterior, hasta llegar a cuentas radicadas en Suiza. Según su testimonio, Báez y Fariña transfirieron fondos al exterior en cuatro meses por 55 millones de euros. Ese dinero, medido en kilos por Elaskar, habría ido a parar a cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales.
En la cámara oculta, Fariña revela que Néstor Kirchner conocía todas las operaciones de Báez. "Vos no tenés dimensión de la estructura que había armado Néstor... Yo te puede asegurar que el tipo manejaba todo", contó Fariña.
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